CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La localización de dos de las al menos 27 personas reportadas como desaparecidas desde el 2018 en una ciudad de la frontera norte de México ha alentado las esperanzas de sus familiares, quienes exigieron el miércoles agilizar las investigaciones y la búsqueda de víctimas en fosas comunes, en un caso en que fueron señalados como involucrados varios efectivos de la Marina mexicana.
Los cuerpos de dos jóvenes, Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, dos de los desaparecidos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo desde el 2018, fueron exhumados la víspera de una fosa común en el mismo estado norteño de Tamaulipas.
El activista Raymundo Ramos, presidente de la organización no gubernamental Comité Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que atiende casos de violaciones de derechos humanos, requirió a las autoridades mexicanas “que se agilice el caso y que haya justicia”, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de algunos de los familiares que siguen sin noticias de sus parientes desde hace casi seis años.
Reiteró su queja por las demoras que han rodeado las investigaciones sobre las desapariciones y presuntas ejecuciones extrajudiciales de al menos 27 personas, ocurridas entre febrero y mayo del 2018, en el marco de unas operaciones de seguridad realizadas por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) en la localidad de Nuevo Laredo, limítrofe con Estados Unidos.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó 47 casos de desaparecidos durante esas operaciones de la Marina, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos —ente gubernamental que realiza investigaciones y recomendaciones no vinculantes a entes estatales— sólo encontró evidencias de 27 personas que presuntamente fueron secuestradas por los efectivos de esa fuerza militar, de acuerdo con un informe que se difundió en el 2020.
En las cuestionadas operaciones de 2018 en la frontera norte de México participaron unos 315 marinos, según el mismo comité, de los cuales solo seis fueron detenidos y sus casos aún están en proceso.
La reciente localización de los dos jóvenes se dio tras un largo proceso que se extendió por más de cinco años y que apenas en septiembre del año pasado tuvo avances, luego de que las autoridades realizaran una verificación genética de los restos de dos personas que estaban en una fosa común desde el 2018. Al cotejarlo con el ADN de sus familiares, permitió la identificación de Alférez Hernández y Organista Ballesteros.
El presidente del Comité de Derechos Humanos dijo a The Associated Press que el hallazgo de esas dos víctimas ha alentado las esperanzas de los familiares de que sus hijos y hermanos desaparecidos en Nuevo Laredo pudieran estar también en fosas comunes.
Ramos y algunos de los familiares viajaron esta semana a Ciudad de México para solicitar reuniones con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda para saber cuál es la situación de las 34 carpetas de investigación que se abrieron sobre esas desapariciones y si ya se realizaron estudios genéticos.
El activista indicó que también solicitarán reuniones con los representantes de las fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, para conocer los avances en las investigaciones puesto que se presume que algunas de las víctimas podrían estar en fosas comunes en esos estados.
Ramos afirmó que los familiares han detectado “ocho puntos” entre esos territorios donde se presume que podrían estar enterradas algunas de las víctimas y es por ello que están solicitando una reunión con la Fiscalía General de la República para emprender la búsqueda en esas zonas.
“Ya encontramos a dos en una fosa común. ¿Por qué no quieren ir a ocho puntos que hemos encontrado donde presumimos que hay cuerpos?”, expresó el activista, recalcando que la demora en las búsquedas, pese a conocer la localización de esas fosas, podría representar un “encubrimiento del más alto nivel”.
En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que marinos habían violado el “derecho a la vida” de unas 27 personas, aunque se abstuvo de afirmar que ellos los hubieran asesinado.
Según el organismo, los marinos efectuaron “cateos ilegales y detenciones arbitrarias”. La comisión emitió recomendaciones no vinculantes para que se iniciaran investigaciones penales y se realizaran cambios en los procedimientos de patrullajes de la Marina.
Tras ese reporte, la Semar indicó que las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron aceptadas.
Un año después, en el 2021, la Secretaría de Marina organizó un acto en Nuevo Laredo para ofrecer disculpas públicas a los familiares y sobrevivientes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre febrero y mayo del 2018 en esa localidad.
En el estado norteño de Tamaulipas se libraba en aquellos momentos un enconado combate contra el cartel del Noreste, una derivación del antiguo cartel de Los Zetas.
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